• El Grupo de Acción Sostenibilidad y RSE en las empresas públicas, liderado por Forética y compuesto por más de 30 entidades públicas, ha celebrado hoy su segunda reunión del año centrada en conocer las implicaciones para el sector público empresarial de la Directiva de reporte en materia de Sostenibilidad (CSRD)

En su segunda reunión del año, el Grupo de Acción de Sostenibilidad y RSE en las empresas públicas -liderado por Forética, encabezado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y compuesto por más de 30 entidades públicas- ha profundizado en las implicaciones de las nuevas exigencias de reporte de información ambiental, social y de buen gobierno (ESG) para las empresas públicas y en cómo han de prepararse ante la próxima regulación.  

La nueva Directiva de reporte en materia de Sostenibilidad (CSRD), que obliga a más de 50.000 empresas europeas a reportar asuntos ESG, supondrá un punto de inflexión en materia de transparencia. La Directiva incorpora, por primera vez, unos estándares de reporte de obligatorio cumplimiento, los ESRS, que buscan homogeneizar y estandarizar el reporte de sostenibilidad de las organizaciones y hacer que esta información sea útil para los diferentes grupos de interés. 

Además, esta normativa europea exige la auditoría de la información comunicada y solicita a los estados miembros la creación de un régimen sancionador por incumplimientos, con el objetivo de mejorar la fiabilidad y precisión de la información de sostenibilidad.  

De la mano de KPMG, en el encuentro se ha puesto de relieve la manera de atender a los nuevos requisitos de la Directiva de reporte en materia de Sostenibilidad (CSRD) y el reto que supone la adaptación a los nuevos estándares obligatorios de reporte de Sostenibilidad europeos (ESRS).  

El pasado 9 de junio la Comisión Europea abrió la consulta pública, hasta el pasado 7 de julio, sobre el primer acto delegado que establece las normas y estándares transversales para la divulgación de información ambiental, social y de gobernanza, los ESRS. Según el último estudio publicado por el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) Reporting matters, cuatro de cada cinco empresas publican su información de sostenibilidad en base a los estándares de reporte GRI. Es clave trabajar en la transición y adaptación de estos estándares a las nuevas exigencias de reporte europeas. 

La transparencia y el reporte de los asuntos de sostenibilidad tienen una implicación fundamental en la gestión y dirección de las empresas de titularidad pública, en un contexto como el actual en el que mecanismos de rendición de cuentas y de buen gobierno con elementos esenciales demandados por los distintos grupos de interés a estas empresas.  

El Grupo de Acción de Sostenibilidad y RSE en las Empresas Públicas, liderado por Forética y encabezado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), está compuesto por más de 30 entidades públicas miembro: Adif, Aena, Aquavall, Barcelona de Serveis Municipals (BSM), CESCE, Corporación Empresarial Pública de Aragón, Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), Emasesa, ENAIRE, Enresa, ENUSA, Extremadura Avante, Grupo Tragsa, ICEX, INECO, Informa D&B, Metro de Madrid, Navantia, Paradores, Renfe, RTVE, SENASA y Valenciaport. En el Grupo participan en calidad de miembros observadores las siguientes entidades: COFIDES, Giahsa, la Guardia Civil, ISDEFE, la Dirección General de la Policía, la Red Elige, la Red Nacional Sanitaria de RSC y Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA). 

El Grupo ha abordado en ediciones previas asuntos claves en materia de sostenibilidad como son el compromiso de las empresas públicas con los nuevos marcos regulatorios de sostenibilidad de la Unión Europea, la contribución a la Agenda 2030 (con foco en clima y bienestar), la gestión de riesgos no financieros o la contratación pública responsable, entre otros.