• Santiago Durán, presidente del ICAC, y Germán Granda, director general de Forética, conversaron en ESG Spain 2026 sobre el estado de la transposición en España de la normativa europea de reporting de sostenibilidad, coincidiendo en que, pese a que el marco comunitario ya está cerrado, su aplicación práctica en el contexto español plantea todavía retos por resolver

Durán situó el punto de partida de la conversación en el contraste entre dos velocidades: frente a la imagen de un marco normativo europeo que llevaba tiempo en constante movimiento, defendió que hoy existe ya una situación de estabilidad, después de que la regulación de reporting no financiero haya cambiado por completo en menos de un año. Ese cierre del marco a nivel europeo, sostuvo, es una buena noticia en sí misma, y expresó su expectativa de que la transposición española —pendiente todavía— pueda completarse dentro de este mismo ejercicio, aunque reconoció que el calendario es ajustado.

Mientras dura ese proceso de transposición, Durán adelantó que tanto el ICAC como la CNMV seguirán emitiendo notas informativas a nivel local, con el objetivo de ayudar a las empresas a interpretar una situación normativa compleja: la convivencia, durante este periodo de transición, de un doble marco regulatorio formado por los reglamentos europeos de aplicación directa y la Ley 11/2018 de información no financiera, todavía vigente en España.

El presidente del ICAC dedicó buena parte de su intervención a matizar el debate, cada vez más presente, sobre la simplificación de las obligaciones de reporting. Durán se mostró de acuerdo en que es evidente que hay que reducir la carga que soportan las empresas, pero pidió cautela: cada recorte, advirtió, implica también perder información sobre cuestiones que en ocasiones resultan clave tanto para el inversor —que necesita saber en qué está invirtiendo con datos consistentes— como para el financiador, que requiere ese mismo nivel de información para tomar sus propias decisiones. En este sentido, reivindicó el papel del marco voluntario de reporte como una vía para que las empresas puedan seguir ofreciendo información fiable, comparable y verificable, incluso en un contexto de menores exigencias obligatorias.

«No perdamos el sentido de la importancia del reporte, porque es diferencial para las empresas y para el inversor», afirmó Durán, en la que fue la idea de cierre de su intervención: con independencia de cómo evolucione la carga regulatoria, defendió que las compañías deben seguir informando cada año, hacia fuera, sobre lo que efectivamente están haciendo en materia de sostenibilidad.

La conversación con Granda volvió así sobre una idea que atraviesa buena parte de la jornada: el reporting no es solo una obligación normativa, sino un ejercicio de confianza — y esa confianza, coincidieron ambos, se sostiene tanto en la calidad de la información que se publica como en la garantía que aporta su verificación por un tercero independiente.