• El Grupo de Acción de Sostenibilidad y RSE en las Empresas Públicas, liderado por Forética y compuesto por 29 entidades públicas, profundiza en la protección y gestión de los derechos humanos como un aspecto fundamental de la estrategia de sostenibilidad, en un entorno marcado por la COVID-19
• Según el informe ‘La sostenibilidad en las empresas públicas desde la triple perspectiva ESG (Ambiental, Social y de Buen Gobierno)’, uno de los mayores riesgos de carácter social al que se enfrentan las entidades es la vulneración de los derechos humanos, junto a los temas de seguridad y salud o la desigualdad en la empresa

El Grupo de Acción de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Empresarial en las Empresas Públicas, liderado por Forética y compuesto por 29 entidades miembro -encabezadas por Adif y el Instituto de Crédito Oficial (ICO)- abordan la importancia de integrar los derechos humanos en su estrategia de sostenibilidad como elemento clave de competitividad y mitigación de riesgos.

El informe ‘La sostenibilidad en las empresas públicas desde la triple perspectiva ESG’, publicado por Forética en el marco del Grupo de Acción, identifica la vulneración de los derechos humanos como uno de los mayores riesgos de carácter social al que se enfrentan las organizaciones, junto a los temas de seguridad y salud, la desigualdad en la empresa y los conflictos de carácter laboral. El informe destaca la importancia de contar con mecanismos de debida diligencia que permitan evitar la aparición de posibles vulneraciones de los derechos humanos en la empresa y en la cadena de suministro, como aspecto clave para la adecuada gestión de este tipo de riesgos.

Jaime Silos, Director de Desarrollo Corporativo de Forética, afirma: “Dada la naturaleza y posicionamiento de las entidades públicas y el relevante papel que desempeñan para elevar la ambición y acelerar la acción en materia de desarrollo sostenible, desde el Grupo de Acción de Sostenibilidad y RSE en las Empresas Públicas vemos cómo una temprana identificación, evaluación y mitigación de riesgos extra-financieros les permite preservar su valor y ser menos vulnerables ante situaciones de crisis, potenciando su sostenibilidad en el largo plazo. La futura iniciativa legislativa de debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente de la Unión Europea, impulsará a las empresas a identificar, evaluar y dar seguimiento a riesgos que vulneren asuntos relacionados con los derechos humanos, integrando este tema en su estrategia y operaciones”.

En este sentido, las entidades que forman parte del Grupo de Acción realizan un seguimiento del trabajo que está llevando a cabo la Comisión Europea en materia de derechos humanos a través de la iniciativa legislativa sobre obligaciones vinculantes de debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente para las empresas de la UE. También analizan los diferentes instrumentos que impulsan la protección de los derechos humanos en España y en otros países europeos, poniendo el foco en cómo se incluye la gestión de los derechos humanos en la agenda de la sostenibilidad pública empresarial.

La sostenibilidad, clave para la recuperación post COVID-19

Ana Gómez, Responsable del Grupo de Acción de Sostenibilidad y RSE en las Empresas Públicas, destaca: “Nuestro objetivo como Grupo de Acción es contribuir a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsando la sostenibilidad de las empresas públicas. Este año pondremos especial foco en los trabajos llevados a cabo a nivel europeo en el camino hacia una recuperación sostenible post COVID-19, abordando la gestión y la protección de los derechos humanos en las empresas públicas, promoviendo una gobernanza sostenible y aterrizando las diferentes medidas contempladas por el Pacto Verde Europeo para frenar los efectos del cambio climático”.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Marta Méndez, Jefa de Área de la Oficina de Derechos Humanos – Dirección General de Naciones Unidas y Derechos Humanos, destaca las implicaciones que tienen para las empresas públicas los avances en materia de derechos humanos en los principales foros multilaterales, y el importante rol que juegan las empresas públicas en este ámbito, también recogido en el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos. David Muñoz, Jefe del Departamento de Sostenibilidad del ICEX, comparte los avances de la organización para incorporar la gestión de los derechos humanos en su estrategia de sostenibilidad.

El Grupo, liderado por Forética y encabezado por Adif y el ICO, está compuesto por un total de 29 entidades públicas miembro: Aena, Aquavall, CESCE, Corporación Empresarial Pública de Aragón, Correos, Emasesa, ENAIRE, Enresa, Grupo ENUSA, Extremadura Avante, Giahsa, Grupo Tragsa, ICEX, INECO, INFORMA D&B, ITVASA, Metro de Madrid, Navantia, Paradores, Renfe, RTVE y Valenciaport. En el Grupo participan en calidad de miembros observadores las siguientes entidades: COFIDES, Red Elige, la Red Nacional Sanitaria de RSC, la Guardia Civil e ISDEFE.