Nos encontramos posiblemente en el momento de mayor nivel de impacto del cambio climático que hemos vivido hasta ahora. No me refiero al impacto de los efectos del cambio climático —ojalá fuera así y en el futuro hubiera que lidiar «simplemente» con los problemas actuales, que no son pocos si los analizamos bien—. Me refiero al impacto mediático, a la movilización ciudadana, al nivel de penetración del concepto a pie de calle, al nivel de alerta social al que estamos asistiendo. Es algo que se puede percibir en el ambiente —al menos, más que en momentos pasados— y, además, así nos lo confirma el último Eurobarómetro, publicado por la Comisión Europea. Con datos de 2019, señala que el cambio climático es la segunda mayor preocupación en los 28 Estados de la UE, que los encuestados demandan mayor ambición por parte de los gobiernos y consideran necesario conseguir una economía baja en carbono.

Que un asunto ambiental se haga hueco en las conversaciones y preocupaciones ciudadanas implica dos cosas, como siempre, una buena y una mala. Empezando por la buena, podemos valorar de manera positiva el nivel creciente de concienciación social, las personas somos más conscientes de la importancia de la sostenibilidad del planeta. Pero también está el lado malo: ¿cuándo se consigue cierto consenso a la hora de hablar de algo? Cuando no queda más remedio, por la urgencia e importancia del asunto. Y es que, efectivamente, ese es el punto en el que nos encontramos: en una situación de emergencia climática. El Congreso aprobó la semana pasada el estado de emergencia climática en España, sumando así a nuestro país a la Climate Emergency Campaign en la que gobiernos nacionales, regionales y locales de todo el mundo están tomando medidas para impulsar la acción climática.

La comunidad de expertos en sostenibilidad lo tiene claro desde hace tiempo y así lo traslada: el cambio climático no es simplemente un riesgo, es una realidad. Existe una necesidad crítica de reducir drásticamente las emisiones y hacer la transición a un mundo de emisiones netas cero que esté alineado con el escenario de 1.5 ° C del Acuerdo de París, como indica claramente el .

Y en este contexto, el último cuatrimestre del año alberga las citas clave en la agenda climática. Esta semana todas las miradas apuntan a Nueva York, con la Cumbre sobre la Acción Climática, que arranca hoy y ha sido organizada por Naciones Unidas, y la Semana del Clima impulsada por The Climate Group (23-29 septiembre), que pone el foco en la acción privada. Y, como todos los años, tenemos en el horizonte la próxima conferencia de la ONU en Chile sobre cambio climático (COP25).

La situación es, como decía, de emergencia. Nos quedamos sin tiempo. Cada vez nos acercamos más a esa fecha clave del 2030 (o incluso 2050), en la que tenemos que demostrar los resultados de la necesaria transformación a todos los niveles (gobiernos, sector privado y ciudadanos) y, lejos de estar en el camino de conseguirlo, parece que nos seguimos alejando. Por ello, António Guterres, secretario general de la ONU, ha pedido a los líderes que acudan a la cumbre con planes concretos, en lugar de con grandes discursos «Quiero escuchar sobre cómo vamos a detener el aumento de las emisiones en 2020 y cómo vamos a reducirlas drásticamente para alcanzar las cero emisiones a mediados del siglo». Se requieren planes realistas y ambiciosos para mejorar las contribuciones concretas a nivel nacional para 2020, siguiendo la directriz de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 45 % en los próximos diez años y a cero para 2050.

Para asegurar que las acciones de transformación tengan el mayor impacto posible en la economía real, el secretario general ha priorizado los siguientes ámbitos de trabajo: