El compromiso de la administración pública se convierte en clave en la actualidad nacional. Cada vez son más las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos que no sólo reconocen la importancia de la responsabilidad sino que la integran en su modelo de gestión pública y la convierten en exigencia. La Comunidad de Madrid destaca por la futura creación del Consejo de RSE en línea con el objetivo asumido por el Consejo Estatal de Responsabilidad Social (CERSE), que se reunirá próximamente, tal y como anunció la Directora General de Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las empresas, Carmen Casero, en la Jornada Transversa.
Por su parte el Gobierno de Aragón cuenta ya con un Plan de RSE. Con él se premiará a las empresas que integren los valores de la responsabildad social a través de una contratación pública responsable. El Plan de Responsabilidad Social está dirigido a todas las empresas de Aragón, de cualquier tamaño y sector y sea cual sea su nivel de desarrollo en el ejercicio de su Responsabilidad Social Empresarial. Por lo que respecta a los autónomos, el plan proporcionará apoyo técnico para el compromiso con la RS y para su puesta en valor, especialmente en los ámbitos de Medioambiente, Calidad, Transparencia – Fiscalidad, Entorno, Igualdad y Empleo cuando proceda. En cuanto a las PYMES y empresas en general, se realizará un diagnóstico y la aplicación de los modelos de RS se hará en base a su modelo de gestión.También avanza Valencia en este ámbito, con la futura Ley de Responsabilidad Social que busca establecer cláusulas de contratación para la Administración Pública
Un compromiso al que también se suma el Gobierno de Extremadura, que a través de un convenio con la Administración Central, incentivará el desarrollo del primer programa formativo en contratación pública responsable. Un programa que contempla el desarrollo de sesiones formativas, destinadas al personal dependiente de la Administración General del Estado, Administración Autonómica, Administración Local y Organismos y Empresas Públicas.
En línea con este objetivo, cada vez son más los Ayuntamientos que establecen como requisito la responsabilidad social para la compra pública. Así, el Ayuntamiento de Madrid, desde enero, incluye criterios sociales en la adjudicación de contratos, lo que obliga a que aquéllas empresas que deseen optar a un contrato con el Gobierno Madrileño deberán cumplir, al menos, con alguno de los criterios de igualdad, accesibilidad, seguridad y salud laboral, empleo, estabilidad y formación en el lugar de trabajo. Un compromiso imprescindible que está fomentando que las empresas, que aún no lo hacían, empiecen a ver la responsabilidad social como un a ventaja competitiva. Así lo evidencia el estudio presentado recientemente por la Federación de Empresarios de La Rioja.
Las empresas se adaptan al Código de Buen Gobierno de la CNMV
Mientras la administración pública avanza en las exigencias en materia de responsabilidad en la contratación pública, las empresas cotizadas lo hacen en su adaptación al nuevo Código de Buen Gobierno de la CNMV, Recién cumplido un año de la puesta en marcha de esta reforma, que incluía 23 nuevos principios respecto a su versión de 2006, las empresas siguen adaptándose a algunas de sus principales exigencias, que pasan por la necesidad de una transparencia y reporte del buen gobierno hacia sus inversores, que cada vez más penalizan las acciones que van en contra de la RSE, tal y como destacó Elvira Rodríguez, Presidenta de la CNMV en un reciente foro de tendencias.
