La transformación digital constituye uno de los principales retos a los que se enfrenta nuestra sociedad. La tecnología está cambiando de manera radical la manera en la que nos comunicamos, consumimos y producimos bienes y servicios. Esa revolución digital, que avanza a una velocidad vertiginosa, se ha visto además acelerada desde 2020.

Como suele recordar el presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, durante los dos meses de confinamiento debido a la pandemia se avanzó en términos de digitalización el equivalente a cinco años.

Esta transformación digital debe estar orientada a dotar de mayor valor añadido a nuestra economía y generar más y mejor empleo. Su finalidad, por tanto, ha de ser mejorar la vida de las personas a través de un crecimiento económico que sea más sólido, más sostenible y más inclusivo.

De entre todas las innovaciones tecnológicas que han surgido en estos años, la Inteligencia Artificial es la más disruptiva y la que está experimentando un mayor y más rápido desarrollo.

La Inteligencia Artificial está demostrando tener un gran potencial de transformación desde el punto de vista tecnológico, con muchas implicaciones económicas y sociales dada su penetración en todos los sectores, su rápido crecimiento y su impacto en la mejora de la competitividad.

En particular, las empresas consideran que la Inteligencia Artificial Generativa será la tecnología que mayor impacto tendrá en su negocio en el corto plazo.

Los actuales modelos de IA han multiplicado su velocidad de aprendizaje por más de 100 millones en la última década, ya que han pasado de entrenarse con cantidades limitadas de datos a hacerlo con la enorme y creciente avalancha de datos que hay disponibles en internet.

Como todas las revoluciones tecnológicas que se han sucedido a lo largo de la historia, está también provocará ganadores y perdedores y entraña riesgos a los que tenemos que hacer frente.

Por esa razón, la dimensión ética de la digitalización me parece particularmente relevante.

Las personas deben estar en el centro de la transformación digital de la sociedad. La tecnología está al servicio de los ciudadanos, y no al contrario, y sus derechos en el mundo digital deben ser equiparables a los existentes en el mundo analógico.

Ante el enorme valor para las personas y la sociedad de los servicios impulsados por datos, es preciso dotarnos de un código ético para la gestión de estos que incluya aspectos como la responsabilidad, la transparencia y la capacidad de elección.

De la misma forma, la Inteligencia Artificial y los algoritmos deben centrarse en el ser humano, respetando normas éticas y evitando tanto la discriminación injustificada como los resultados anticompetitivos.

Un caso paradigmático es la creación de noticias falsas y de la suplantación de identidad que tienen una inmediata y amplia propagación a través de las redes sociales. Se trata, sin duda alguna de un motivo de preocupación adicional porque esos nuevos canales de comunicación se han convertido en la principal fuente de información para muchas personas, desempeñando un papel cada vez más crítico en los procesos políticos.

Los algoritmos tienen un papel decisivo en la difusión de esas noticias falsas, al decidir quién ve cada artículo e información concreta de acuerdo con los intereses de los usuarios y otros datos sobre los mismos recabados anteriormente.

Se trata de evitar lo que el filósofo israelí, Yuval Noah Harari, ha acuñado como dictadura digital, y ello depende de los gobiernos no de los ingenieros. La decisión sobre cómo debe utilizarse una determinada tecnología ha de ser fruto del consenso social, nunca de los que han creado o comercializado esa tecnología.

Por ese motivo, la Cámara de Comercio de España ha venido defendiendo la necesidad de adoptar una Carta de Derechos Digitales, que España aprobó en 2022.

En el preámbulo de esta Carta – pionera, por cierto, en el mundo- se establece que el desarrollo y progresiva generalización de las tecnologías da lugar a nuevos escenarios, contextos y conflictos que deben resolverse mediante la adaptación de los derechos recogidos en nuestro ordenamiento jurídico para proteger los valores constitucionales y la seguridad jurídica de la ciudadanía, los operadores económicos y las administraciones públicas.

En definitiva, tenemos que contar con tecnologías seguras que sirvan para las personas y que respeten nuestros derechos y valores, también cuando usemos internet.